La operatividad de la Fiscalía Ambiental de Cuernavaca entra en severa revisión tras revelarse que su limitado horario facilita la tala irregular de árboles durante las noches y fines de semana en la capital.
La legisladora federal Meggie Salgado advirtió que las actuales facultades y esquemas de trabajo del organismo municipal resultan insuficientes para responder ante el ecocidio urbano.
Actualmente, la dependencia presta servicio únicamente de 8:00 a 16:00 o 17:00 horas, un horario burocrático que deja completamente desprotegidos los espacios verdes de la ciudad durante gran parte del día.
Según la funcionaria, este vacío de autoridad lo aprovechan personas que derriban ejemplares sin temor a ser sorprendidos ni recibir las sanciones correspondientes por parte de los inspectores.
Ante esta problemática, Salgado presentó un exhorto formal ante el Cabildo capitalino para modificar la regulación interna, ampliar la cobertura de atención y dotar de mayores herramientas a los agentes.
La diputada sostuvo que el cuidado y la preservación del medio ambiente debe convertirse en una prioridad absoluta para las autoridades, la cual debe atenderse al margen de cualquier diferencia partidista.
Asimismo, detalló que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Cuernavaca para definir acciones conjuntas que permitan blindar las zonas arboladas de la zona metropolitana.
Destacó la importancia de la vigilancia comunitaria y el reporte de los medios de comunicación para detectar posibles irregularidades en las áreas municipales de protección ambiental.
En otro tema de seguridad civil, la legisladora se refirió a la emergencia ocurrida el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas, donde una pipa de gas registró una fuga y posterior deflagración.
Aquel incidente dejó un saldo de personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en viviendas, encendiendo las alarmas sobre el peligro constante que representan estos vehículos en zonas habitacionales.
Salgado reveló que la empresa distribuidora involucrada en la tragedia acumula un historial de más de 10 incidentes previos, lo que evidencia una preocupante falta de supervisión en sus unidades.
Debido a ello, promovió un punto de acuerdo ante el Congreso de la Unión para exigir una revisión profunda a las concesiones, esquemas de operación y protocolos de seguridad de las empresas gaseras.
El objetivo central busca reducir los riesgos de explosión en colonias, planteles escolares y zonas concurridas, además de brindar certeza jurídica y reparación del daño a los vecinos afectados.
