El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió 16 expedientes de investigación relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones y reportó otras 25 investigaciones.
Víctor Hugo Carvante, titular del organismo fiscalizador, informó sobre estos avances a la Cámara de Diputados, en un reporte vinculado con el escándalo que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei. Las indagatorias incluyen a 23 personas y 18 empresas, además de la notificación de 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de una auditoría.
El informe precisa que 11 de los 16 expedientes iniciales corresponden a contrataciones públicas, en las que se investiga a por lo menos 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 empresas.
Las 25 investigaciones adicionales surgieron de seis auditorías y ocho revisiones de control. Entre las posibles conductas bajo análisis figuran la declaración de información falsa, el ocultamiento de conflictos de interés, el uso irregular de recursos públicos y la participación indebida en procedimientos de contratación.
Las 45 observaciones preliminares fueron notificadas al INE el 9 de octubre, como resultado de la auditoría A07-ADQ-2026, que revisó contrataciones realizadas del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026. La fiscalización abarcó áreas como Comunicación Social, Asuntos Internacionales, Administración, Organización Electoral, Fiscalización e Igualdad de Género y No Discriminación.
Entre los hallazgos señalados se encuentran posibles documentos falsos o alterados, falta de comprobación de recursos, incumplimientos contractuales y la contratación de empresas que presuntamente no acreditan capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios.
En el documento, Carvante también aclaró que la normativa del INE no faculta al OIC para revisar, validar o autorizar previamente las contrataciones de personal, sin embargo, explicó que el organismo sí puede investigar la veracidad de las declaraciones de las personas servidoras públicas y abrir expedientes cuando detecta indicios de omisiones o inconsistencias.
El informe se suma a los documentos entregados en febrero de 2026 y a la comparecencia del titular del órgano fiscalizador ante diputados federales el 9 de septiembre. Las conductas señaladas permanecen bajo investigación y deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
