El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Morelos remitió formalmente un expediente al Congreso del Estado para que determine conforme a derecho lo correspondiente respecto a la destitución e inhabilitación del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, debido al incumplimiento de una sentencia judicial a favor de una ex agente de policía.
La disposición fue publicada en la edición 6,611 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, donde se especifica que el caso se encuentra radicado bajo el expediente TJA/5ºSERA/JRAEM-15/2022.
De acuerdo con la resolución, el procedimiento fue iniciado por el desacato reiterado a la resolución definitiva emitida el 6 de septiembre de 2024, derivada de un juicio laboral iniciado en 2022. Aunque se trata de un adeudo heredado de administraciones anteriores (dado que Alonso Plascencia asumió el cargo el 1 de enero de 2025), el tribunal determinó que la autoridad en funciones está legalmente vinculada al cumplimiento del laudo.
“Atendiendo a que no se ha justificado el incumplimiento antes mencionado en consecuencia, se ordena turnar el expediente al Congreso del Estado de Morelos para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que en derecho proceda respecto de la destitución e inhabilitación de la autoridad vinculada: Enrique Alonso Plascencia, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango”, señala la publicación oficial.
El caso fue resuelto por la Quinta Sala de Responsabilidades Administrativas, encabezada por el magistrado Joaquín Roque González Cerezo, quien previamente ha emitido fallos similares por adeudos institucionales en otros municipios, como el caso de José Luis Maya en Zacatepec.
El TJA argumentó que, al tratarse de una autoridad electa mediante el voto popular, el tribunal carece de facultades directas para ordenar la inhabilitación, por lo que la normatividad obliga a turnar el caso ante el Poder Legislativo estatal para su análisis y resolución definitiva.
A la ex policía demandante se le adeudan conceptos acumulados durante mil 111 días de incumplimiento desde 2022 hasta 2025, los cuales incluyen indemnizaciones constitucionales de tres meses y de 20 días por año de servicio, remuneraciones ordinarias dejadas de percibir, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, despensa y salarios devengados. Tanto la identidad de la beneficiaria como los montos específicos fueron clasificados como datos protegidos para salvaguardar su integridad.
