La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa presentó imputaciones por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La Fiscalía también solicitó que el exmandatario fuera vinculado a proceso.
La defensa de Aguirre Rivero pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que un juez de control deberá determinar posteriormente si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
Mientras se define su situación jurídica, el exgobernador permanecerá bajo prisión preventiva.
La investigación deriva de una nueva revisión de las actuaciones y evidencias reunidas durante los trabajos relacionados con la desaparición de los normalistas. En esta revisión participan la FGR, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal. También se contempla la participación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
La Fiscalía sostiene que el análisis de los elementos permitió abrir líneas de investigación sobre un posible ocultamiento de evidencias que podrían aportar información sobre el paradero de los estudiantes.
Entre los elementos revisados se encuentran grabaciones relacionadas con los hechos y que, presuntamente, habrían sido desaparecidas u ocultadas.
La institución federal señala que cuenta con datos de prueba que apuntan a que Aguirre Rivero, durante su gestión como gobernador de Guerrero, habría dado instrucciones vinculadas con el ocultamiento de información y evidencias. La hipótesis de investigación también contempla la posible participación de funcionarios estatales.
Será el juez de control quien determine, una vez concluido el plazo solicitado por la defensa, si los datos presentados por la Fiscalía permiten vincular a proceso al exgobernador.
