Las personas que incurran en el despojo, retención o control indebido de los recursos económicos de las personas adultas mayores, incluyendo la pensión del bienestar, serán acreedoras a multas económicas que van desde los 7,038.6 pesos hasta los 35,193 pesos, de acuerdo con las modificaciones establecidas en la Reforma a la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el estado de Morelos.
La legislación quedó formalmente establecida mediante el decreto 1183, el cual fue publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. La medida punitiva alcanza de manera directa a familiares, vecinos o cualquier tercero que retenga las tarjetas bancarias de los beneficiarios, condicione el acceso a su dinero o impida que estos dispongan libremente de sus recursos financieros.
“Realizar cualquier actividad que implique abuso, explotación o maltrato hacia las personas mayores, lo anterior también comprende la coacción financiera o económica en el caso de que un familiar, vecino, o cualquier persona retenga, niegue, condicione, disponga, resguarde o controle el acceso a sus recursos económicos o financieros”, detalla la reforma al artículo 45.
Conforme al artículo 46 reformado, la comisión de cualquiera de estas infracciones se sancionará con un incremento de 60 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), traduciéndose en montos exigibles de 7,038.6 a 35,193 pesos. Las autoridades recalcaron que estas penalizaciones administrativas se aplican sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal en las que los infractores puedan incurrir por la comisión de delitos conexos.
El decreto también considera la actualización de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Bienestar, instruyéndola a promover con mayor rigor los programas sociales y a incentivar a los adultos mayores en el uso de nuevas tecnologías. Asimismo, se precisó que la recepción de la pensión federal no constituye ningún impedimento para que los beneficiarios puedan acceder de manera simultánea a esquemas de apoyo social de carácter municipal o estatal.
