Edith García Vázquez, quien dedicó 22 años de su vida al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) en Morelos, forma parte de las 43 personas despedidas a nivel nacional por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
“Me siento indignada con todo esto que está pasando. Yo creo que ninguna de las compañeras merece lo que nos está sucediendo. Es una injusticia que, derivado del presupuesto, nos digan que prescinden de nuestros servicios. Considero que es una injusticia lo que se está haciendo”.
Relató que, tras varias horas de incertidumbre, fue notificada mediante un oficio que le fue entregado el martes 30 de junio, en el que se le informó el término de su relación laboral.
Durante más de dos décadas se desempeñó como trabajadora social, brindando apoyo a personas que requerían orientación jurídica.
“Son 22 años de servicio dedicados a la labor como trabajadora social, defendiendo siempre y velando por los derechos de las personas más vulnerables. Ahora nos toca a nosotros vivir esta situación y lo único que pedimos es justicia. Soy madre soltera, tengo 3 hijos, dos de ellos ingresarán a la universidad. Estoy preocupada porque, por la edad, ya no en cualquier lugar nos pueden contratar, pero tenemos fe en que todo saldrá bien”.
Por su parte, el dirigente del Sindicato de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Héctor Rodríguez Barrera, quien acompañó la protesta, señaló que el OAJ vuelve a afectar a la base trabajadora.
Indicó que incluso entre el personal sindicalizado existe preocupación de que puedan repetirse situaciones similares, aunque Edith pertenecía al personal de confianza.
“Hay temor porque vienen próximas evaluaciones y muchos compañeros de carrera judicial, como oficiales, actuarios y secretarios, consideran que reprobar esos exámenes podría derivar en la pérdida de su nombramiento”.
El pasado 30 de junio, trabajadores del Instituto Federal de la Defensoría Pública denunciaron el despido de casi 50 empleados en distintas entidades del país, entre ellos algunos casos en Morelos.
Los afectados señalaron que la decisión fue repentina y sin previo aviso, pese a que las plazas están contempladas en el Manual General de Puestos y en las Bases de Organización del propio instituto, organismo perteneciente al Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, solicitaron que el IFDP, conocido como “La Casa que Defiende”, actúe conforme a los principios de legalidad y respeto a los derechos laborales, evitando decisiones que consideraron arbitrarias.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para revisar la medida y garantizar el respeto a los derechos adquiridos tras años de servicio.
