En las imágenes, se observaba a ‘El Negro’ agrediendo físicamente a una mujer. Israel Hernández, un joven de 23 años y estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), intervino para defender a la mujer.
La respuesta de Gómez Sierra fue letal: sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra el estudiante. No conforme con el disparo en el pecho, el agresor pateó el cuerpo inerte de Israel antes de abandonar el lugar con total impunidad, ante la mirada de guardias de seguridad y clientes.
Tras el homicidio, ‘El Negro’ huyó de Morelos, convirtiéndose en uno de los objetivos prioritarios de la justicia estatal. Investigaciones posteriores revelaron que el sujeto contaba con protección de grupos delictivos que operaban en la zona, lo que facilitó su salida del estado.
Fue hasta noviembre de 2017 cuando, gracias a un operativo de inteligencia y colaboración interestatal, fue localizado y detenido en San José del Cabo, Baja California Sur. Al momento de su captura, se confirmó que el sujeto era hijo de una excolaboradora de un grupo delictivo con presencia nacional, lo que reforzó las versiones sobre sus vínculos con el crimen organizado.
A pesar de la brutalidad de las pruebas videográficas y el clamor de la familia de Israel Hernández, el proceso judicial enfrentó diversas etapas. Eventualmente, Óscar Antonio fue sentenciado y recluido en el penal de Atlacholoaya de Morelos.
Se le impuso una pena por homicidio calificado, aunque recursos legales y reducciones de pena por beneficios procesales permitieron que su estancia en prisión fuera menor a la esperada por la opinión pública. Fuentes policiales confirmaron que Gómez Sierra había abandonado el centro de reclusión en días recientes, tras cumplir parte de su sentencia.
Su regreso a las calles fue breve. Sujetos armados irrumpieron en el autolavado de Tetela del Monte donde se encontraba ‘El Negro’. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en su contra, dejándolo sin vida en el lugar.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas varias líneas de investigación, incluyendo un posible ajuste de cuentas vinculado a sus antecedentes criminales o a las rencillas generadas antes y durante su estancia en prisión.
