Por enésima ocasión fue diferida la audiencia por el caso Paseo Ribereño, toda vez que las partes imputadas no han sido notificadas; además, el mandatario de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, brilló por su ausencia en esta ocasión.
Dio inicio el proceso desde los juzgados de Atlacholoya; sin embargo, media hora después, la juzgadora, Consuelo Adriana Correa Ortiz, determinó que el proceso se iba a reprogramar.
Lo anterior, debido a la ausencia del alcalde Urióstegui Salgado además de que otras personas como el exsecretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca, Pablo Aguilar Ochoa; Alejandro Rosas López, exsecretario de Obras del municipio, y Raymundo Nova Castro, exdirector de Infraestructura, no fueron notificadas al no ser localizadas en los domicilios con los que cuentan las autoridades para individualizarlas.
Asimismo, debido a que no se presentó el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), titular del caso, por acudir a un juicio oral en Cuautla, y en su lugar asistió una agente distinta, la juzgadora llamó la atención por estos hechos.
El proceso transcurrió al grado de que uno de los abogados de las víctimas solicitó la orden de aprehensión contra el alcalde de Cuernavaca; sin embargo, fue frenado por la jueza, quien señaló que no es la etapa procesal para ello y que, además, como abogado no tiene la facultad de hacer dicho requerimiento.
En el lugar estuvieron presentes algunas de las víctimas, entre ellas Patricia Torres, exregidora de Cuernavaca por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien llegó apoyada en su bastón para poder caminar, derivado de la cirugía en su pie a raíz de la caída del puente colgante del Paseo Ribereño.
Los abogados se comprometieron a coordinarse con el Ministerio Público para localizar otros domicilios donde puedan ser notificadas las personas señaladas.
La jueza estableció el lunes 8 de junio para llevar a cabo nuevamente el proceso y señaló que no es por otra causa que por temas de agenda; además, llamó la atención que será un día después de que se cumplan cuatro años de ocurrido este caso.
La juzgadora estableció una multa de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 5 mil 865.50 pesos, para quienes no comparezcan por el caso.
Al término de la audiencia, Patricia señaló que busca que se castigue conforme a derecho a las personas responsables de la caída del puente colgante, ya que, a casi cuatro años del caso, no se ha podido llevar a cabo la primera audiencia; además, manifestó que no descansará hasta que se haga justicia:
“Yo pido que se castigue conforme a la ley; no señalo a ninguna persona en particular, simplemente que se aplique la ley como debe ser”.
Fue el 7 de junio de 2022 cuando, en la reapertura del Paseo Ribereño, al pasar por el puente colgante, este colapsó, dejando decenas de personas heridas entre asistentes, funcionariado e incluso personal de prensa que acudió a cubrir el evento.
“Lo pido en calidad de víctima, porque a mí me cambió totalmente la vida y lo vuelvo a decir: no voy a descansar hasta que se castigue a quienes resulten responsables del accidente”.
