El exalcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán quedó formalmente fuera del proceso penal que enfrentaba por presunto ejercicio abusivo de funciones, luego de que un juez de control determinó que no existían elementos jurídicos suficientes para vincularlo a proceso por el supuesto desvío de recursos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).
Tras esta resolución judicial, Villalobos rompió el silencio y calificó el proceso como una “pesadilla”, motivada por una persecución política orquestada, según sus palabras, por el exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
“Viví un proceso doloroso. Viví el desconocimiento de una sociedad, del estado, incluso del país, podría decirlo. No era del agrado del señor exgobernador Cuauhtémoc Blanco”, expresó.
Detalló que su confrontación con el exmandatario trajo consecuencias que derivaron en prisión, arraigo y afectaciones personales.
Villalobos Adán se convirtió en noticia nacional el 1 de julio de 2018, al ser electo presidente municipal de Cuernavaca por Morena. Su ascenso fue sorpresivo: llegó al cargo porque era suplente del candidato José Luis Gómez Borbolla, sin una campaña visible y con la abierta molestia del entonces gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo y de Hugo Eric Flores, entonces líder del Partido Social Demócrata (PSD), quienes pretendían postular a Gilberto Alcalá como candidato por la coalición Morena, PSD y PT, pero una jugada del destino llevó a que José Luis Gómez Borbolla se registrara por Morena.
Las impugnaciones que interpusieron lograron derribar a Gómez Borbolla, pero olvidaron proceder contra la suplencia y fue así como quedó Villalobos, lo que le costó la enemistad y una prolongada rivalidad política con Blanco y su grupo cercano.
El 31 de diciembre de ese mismo año rindió protesta para el periodo 2019-2021.
La denuncia en su contra fue presentada en marzo de 2020, ya con Cuauhtémoc como gobernador, por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, luego de que el ayuntamiento, a través del SAPAC —organismo descentralizado encargado del agua potable—, retuviera aportaciones de trabajadores entre enero y octubre de 2019 sin enterarlas al instituto, lo que provocó una deuda superior a nueve millones de pesos con intereses.
A raíz de ello fue detenido el 29 de septiembre de 2022; se le imputaron inicialmente los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, posteriormente reclasificados como ejercicio ilícito del servicio público. Fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva en agosto de ese año.
Villalobos pasó ocho meses recluido en el penal de Atlacholoaya y otros 5 bajo arraigo domiciliario.
El juez de control Natanael Subdias Aguilar determinó no vincular a proceso a Francisco Antonio Villalobos Adán por ejercicio abusivo de funciones, al considerar que una ejecutoria del Tribunal Colegiado impide procesarlo bajo los términos planteados por la Fiscalía.
“La Fiscalía imputó a Villalobos el presunto desvío de más de 6 millones de pesos en ese periodo. Sin embargo, el juez recordó que un tribunal federal ya había resuelto que no era procedente procesarlo con base en los hechos narrados bajo ese tipo penal, y advirtió que modificar la descripción violaría el principio de inmutabilidad fáctica (hechos establecidos en una sentencia)”.
Villalobos optó por guardar silencio y no rendir declaración durante la audiencia celebrada el 7 de julio de 2025, con lo que ejerció su derecho a no autoincriminarse.
El juez aclaró que esta resolución no representa una absolución definitiva, y que la Fiscalía aún puede solicitar una nueva audiencia si presenta una acusación distinta basada en otros elementos.
En cuanto a los argumentos de la defensa —que sostuvo que Villalobos tenía un cargo honorario en el SAPAC sin responsabilidad operativa—, el juzgador los rechazó, al señalar que la ley establece claramente la responsabilidad legal del presidente municipal sobre el organismo descentralizado, con independencia de si recibe o no remuneración.
El exalcalde de Cuernavaca rompió el silencio tras recibir el auto de no vinculación a proceso. En entrevista para Proceso, afirmó haber sido víctima de una persecución política encabezada por el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, y responsabilizó a estructuras del Estado de deteriorar su imagen durante su administración.
“Ingresé al penal de Atlacholoaya por casi ocho meses, luego estuve en arraigo domiciliario aproximadamente siete más. Fui golpeado, extorsionado… una vida no grata para nadie”.
De acuerdo con su testimonio, fue agredido físicamente dentro del penal. “Sí. Lo hice del conocimiento de quien en su momento ocupaba el cargo de comisionado del sistema penitenciario. Él tomó cartas en el asunto, aunque una cosa fue lo que intentó y otra lo que realmente sucedió”.
El exalcalde atribuyó la judicialización de su caso a una presunta “distracción” de recursos retenidos a trabajadores del SAPAC, sin pruebas directas en su contra.
“La Junta de Gobierno del SAPAC nunca fue informada de la situación financiera. En ninguna sesión se documentó esa ‘distracción’ de recursos. Nadie los tomó, nadie los desvió; simplemente se habían distraído”, afirmó.
Aseguró que la responsabilidad de la administración del organismo no correspondía al presidente municipal, sino a su director y a las áreas operativas. “Es una estructura con mucho personal; el alcalde no paga la nómina ni la prepara. Tampoco tenía por qué saber si nadie le informó”.
Villalobos señaló directamente a la Fiscalía Anticorrupción, que en su momento emitió tres comunicados con argumentos que, según dijo, “parecen iguales”.
“Hay conceptos jurídicos que se manejan como si fueran verdades absolutas. Parecen comunicados mediáticos, sin fundamento. El señalado más oportuno políticamente era el alcalde en funciones”, subrayó.
Explicó que el auto de no vinculación se basó en una resolución de un tribunal colegiado federal que determinó que el juez de control, Eddy Sandoval Lomé, se excedió en sus facultades.
“No sólo lo creo yo, lo determinó el amparo: se excedió al vincular a proceso a quien no debía ser vinculado”.
Respecto a sus señalamientos sobre la infiltración del crimen organizado en el SAPAC, Villalobos respondió con cautela:
“Parte de lo vivido fue haber tomado decisiones que incomodaron a ciertos grupos. Efectivamente, fue por meterme con ciertos intereses. Afortunadamente, hoy entiendo que SAPAC está en manos de la sociedad civil de Cuernavaca”.
Indicó que durante su administración enfrentó presiones y amenazas, y recordó que hubo investigaciones sobre intentos de atentado en su contra.
“La revista Proceso documentó que fueron 3 intentos, basados en los Guacamaya Leaks. Dentro del penal hablé con personas que tenían una lucha directa contra mí por no tener relación con ellos”.
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