Un informe de HRW señala posibles casos de desaparición forzada y tortura bajo la política de separación familiar del gobierno de Donald Trump.
Un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que al menos mil 360 niños y niñas continúan separados de sus madres y padres, seis años después de haber sido apartados de manera forzosa en la frontera sur de Estados Unidos. Estas separaciones ocurrieron durante la administración de Donald Trump como parte de su política de “Tolerancia Cero” contra la migración.
La organización considera que esta práctica constituye desaparición forzada y posiblemente tortura, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.
El informe titulado “Tenemos que llevarnos a los niños: Tras seis años de la política de ‘Tolerancia Cero’, la rendición de cuentas es nula” detalla que, en muchos casos, los padres y madres no fueron informados del paradero de sus hijos por días o semanas.
HRW destaca que las separaciones forzadas también podrían clasificarse como tortura, ya que agentes del Estado habrían provocado sufrimiento grave con propósitos indebidos.
Michael García Bochenek, abogado de la división de Derechos del Niño de HRW y autor del informe, subrayó que ningún gobierno debe usar a niños y niñas como herramientas para disuadir a sus padres.
El informe también documenta las secuelas emocionales y psicológicas de esta política.
Niños y niñas separados relataron experiencias de angustia intensa, ansiedad y traumas.
Un adolescente guatemalteco de 15 años narró cómo, tras ser separado de su padre en 2018, experimentó desesperación y preocupación constante.
A semanas del regreso de Donald Trump a la presidencia, HRW señala que algunos de los funcionarios involucrados en esta política podrían ocupar cargos relacionados con la migración. La organización llama al Congreso y al Poder Ejecutivo de Estados Unidos a «implementar medidas que reparen los daños sufridos por las familias, incluyendo la posibilidad de otorgar residencia permanente a las personas afectadas».
También sugieren que el Senado evalúe el rechazo a las nominaciones de funcionarios implicados en estas prácticas.
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