La organización ciudadana Uniendo Caminos México anunció que un juez federal otorgó una suspensión definitiva, en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI). Esto se llevó a cabo en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León.
Una vez que a las autoridades del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) sean notificadas, éstas no podrán tomar ninguna medida administrativa hasta que no se resuelva el asunto. “Si bien la suspensión no pone fin al juicio, sí suspende los procesos que han estado realizando las autoridades como parte de la asignación de la nueva Ley”.
Las asociaciones Uniendo Caminos México y Ciencia Plural Mx presentaron un total de 41 amparos el pasado 9 de mayo en contra de la ley de HCTI, la cual fue aprobada por los diputados a propuesta del Ejecutivo durante el llamado “viernes negro”, la víspera del 29 de abril pasado. De estos, 37 han sido admitidos en todo el país.
El abogado Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de la organización Uniendo Caminos, cuenta que hasta ahora la Presidencia de la República y los legisladores han sido arbitrarios en las respuestas que exigían los jueces de todo el país, incluso han sido multados, cosa que no parece afectarles, “eso ha alargado el proceso de los amparos contra la Ley de HCTI, pero finalmente se ha hecho presión para que el Juez, en su facultad y ante las negativas de las autoridades aludidas, tome en cuenta los argumentos de los investigadores como ciertos y confiables”.
Aclara que esta no es la primera audiencia de suspensión, “hoy se tienen cuatro previas y en otros casos, en apreciación de otros jueces no era conveniente la suspensión provisional de la Ley, estos ya los impugnamos, pero para este caso, ante la no contestación de Presidencia de la República y legisladores, luego de ser notificados, el juez decidió dar cumplimiento a la exigencia del amparo”.
Con este resultado de suspensión definitiva, el Conahcyt no tendría que parar sus labores, pero el efecto del contenido de la Ley ya no debería aplicarse a todos los beneficiarios de la ley. Los expertos dicen que las medias están bien, porque protegen las actividades del Consejo, no lo paraliza, pero, por otro lado, tendría que proteger al gremio de los embates que la Ley comenzó a demostrar, como el reciente caso de las modificaciones al Sistema Nacional de Posgrados, que hoy tiene en alerta a las instituciones de educación superior por la desaparición de apoyos a cientos de estudiantes de posgrados.
El grupo espera que el Consejo siga las órdenes del Juez, pues probablemente ya fueron notificados, sin embargo, en anteriores casos ellos han negado tener conocimiento del caso a través de comunicados, “están en su derecho de defender su postura y ya será un Juez quien determine quién tiene la razón, si autoridad o ciudadanos”.
Ochoa Sada enfatiza que los recursos de amparo han brindado herramientas para ayudar al público a entender que el gobierno no posee la última palabra, y que, hay manera de proteger las vilnerabilidades, aunque el presidente o el gobierno actual lo diga. “En un momento histórico como este, el que la gente sepa que tiene recursos a su alcance para poder inconformarse, aunque esto no quiera decir que siempre tengamos la razón, ayuda a saber que alguien externo al gobierno o desde otra función, puede proporcionar justicia”.
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